Por Juan Monserrat Castillo Molina
El decreto federal para la regularización de vehículos de procedencia extranjera fue cancelado a partir del 1 de enero tras quedar evidenciado un uso irregular y distorsionado del programa REPUVE, que permitió la legalización de unidades que no cumplían con los requisitos establecidos, reconoció Hugo Jofre Chávez, presidente de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Reynosa.
De acuerdo con el dirigente empresarial, el programa perdió su objetivo original cuando comenzaron a ingresar vehículos que nunca debieron ser considerados dentro del decreto, particularmente aquellos que entraron al país después del 19 de octubre de 2021, fecha límite claramente definida por la autoridad federal.
“Se descompuso completamente el programa. Se permitió la regularización de vehículos que no cumplían con el decreto, cuando este era muy claro en sus alcances. Se abusó del esquema y se terminó afectando a quienes sí buscaban hacer las cosas conforme a la ley”, sostuvo.
Jofre Chávez señaló que la falta de controles y supervisión propició prácticas irregulares que derivaron en un uso discrecional del programa, lo que no solo generó un mercado paralelo de vehículos irregulares, sino que también debilitó la credibilidad del propio REPUVE.
Respecto a los automóviles que quedaron fuera de la regularización, el presidente de la asociación advirtió que miles de unidades permanecerán en situación irregular, obligando a sus propietarios a recurrir a la importación formal por aduana, un proceso costoso e inaccesible para amplios sectores de la población.
“El costo de una importación legal ronda los 25 mil pesos o más, dependiendo del modelo y características del vehículo. Es una carga económica que el ciudadano común difícilmente puede asumir”, afirmó.
El representante del sector automotriz criticó además que las tarifas aduanales vigentes afectan de manera directa la dinámica económica de la frontera, al encarecer el comercio y obstaculizar el intercambio legal entre ciudades vecinas como Reynosa y Pharr, contradiciendo los principios del Tratado de Libre Comercio.
Finalmente, adelantó que buscarán presionar a las autoridades federales para abrir mesas de diálogo que permitan revisar los costos y corregir lo que calificó como fallas estructurales del sistema.
“Si no se corrigen estos errores, el problema de los vehículos irregulares seguirá creciendo”, advirtió.
