El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y excomandante de tres zonas militares del país, fue detenido en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presunta colusión con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La captura ocurrió el pasado 11 de mayo en Arizona y posteriormente fue trasladado a una cárcel en Brooklyn, Nueva York, en un caso que involucra a una decena de altos funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya y el exsecretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez.
De acuerdo con las investigaciones de autoridades estadounidenses, Mérida Sánchez habría recibido sobornos mensuales de hasta 100 mil dólares por parte de “Los Chapitos”, a cambio de alertarlos sobre operativos y evitar detenciones contra integrantes de esa organización criminal.
El militar, originario de Poza Rica, Veracruz, tuvo una amplia trayectoria dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Entre 2018 y 2022 estuvo al frente de las zonas militares 21, 44 y 25, con sedes en Michoacán, Oaxaca y Puebla, respectivamente.
Además, ocupó cargos estratégicos como comandante de mando especial y director de la Escuela Militar de Inteligencia durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, bajo la gestión del general Salvador Cienfuegos.
En septiembre de 2023 fue designado titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en sustitución de Cristóbal Castañeda Camarillo, en un acto encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya.
Las autoridades de Estados Unidos sostienen que cuentan con evidencia de al menos 10 filtraciones relacionadas con operativos contra laboratorios clandestinos de drogas.
Versiones difundidas recientemente apuntaban a que Mérida Sánchez negociaba entregarse a las autoridades estadounidenses para convertirse en testigo colaborador, situación que cobró fuerza tras su detención y traslado a Nueva York.
El caso cobra relevancia por tratarse de un exmando de alto nivel de la Sedena que podría aportar información sobre presuntos nexos entre estructuras del crimen organizado y funcionarios públicos en México.
