Por Gloria Isela Treviño
Mientras el Gobierno de México exige respuestas sobre el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, miles de familias mexicanas siguen esperando conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. La exigencia de verdad no debería depender del nombre del expediente ni del impacto mediático de un caso.
La palabra “verdad” marcó la agenda política de los últimos días.
Por un lado, Ismael “El Mayo” Zambada solicitó a la justicia de Estados Unidos que, si es condenado a cadena perpetua, pueda cumplir el resto de su vida en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su edad y condición de salud. Casi de manera paralela, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México solicitará a Estados Unidos una explicación completa sobre el operativo mediante el cual Zambada fue trasladado desde Sinaloa a territorio estadounidense en julio de 2024. La mandataria sostiene que el país merece conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
Es una postura comprensible. Un Estado tiene el derecho de exigir información cuando considera que existen hechos que deben esclarecerse plenamente.
Sin embargo, esa misma exigencia conduce inevitablemente a una reflexión.
La verdad no debería ser un reclamo reservado únicamente para los asuntos que alcanzan relevancia internacional. También tendría que convertirse en una prioridad para miles de familias mexicanas que, desde hace años, esperan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
Mientras Ismael “El Mayo” Zambada solicita que se garanticen condiciones médicas durante la condena que eventualmente podría enfrentar en Estados Unidos, miles de madres, padres, hijos y hermanos continúan buscando algo mucho más elemental: saber dónde están quienes un día salieron de casa y nunca regresaron.
La desaparición de seis jóvenes en Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, después de asistir a sus ceremonias de graduación, volvió a colocar esta realidad frente al país. Lo que debía ser el cierre de una etapa académica terminó convirtiéndose en el inicio de una búsqueda angustiante para sus familias, que hasta ahora siguen sin respuestas.
Pero tampoco se trata de un hecho aislado.
México registra más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas. Detrás de esa cifra hay proyectos de vida interrumpidos, hogares incompletos y familias que han aprendido a vivir entre la esperanza y la incertidumbre.
En Tamaulipas esa realidad tiene un rostro cercano. Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, encabezado por Edith González Treviño, han recorrido durante años brechas, parcelas y predios con la esperanza de encontrar algún indicio que permita regresar un nombre a quienes permanecen sin localizar. También han exigido fortalecer las instituciones de búsqueda, mejorar la identificación forense, agilizar las investigaciones y garantizar recursos suficientes para que las familias no tengan que asumir, por sí solas, una responsabilidad que corresponde al Estado.
No se trata de restarle importancia a la defensa de la soberanía nacional ni de cuestionar el derecho que cualquier persona tiene a solicitar atención médica mientras enfrenta un proceso judicial.
Se trata de recordar que el derecho a la verdad también pertenece a las madres que siguen esperando a sus hijos, a los padres que recorren caminos cada fin de semana y a las familias que, con una fotografía en la mano, continúan preguntando dónde están.
Porque la fortaleza de un Estado no solamente se mide por la firmeza con la que exige respuestas fuera de sus fronteras. También se mide por la capacidad de ofrecer verdad, justicia y resultados a las familias que, dentro de ellas, siguen esperando encontrar a quienes un día dejaron de volver a casa.